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Ramón Antonio Veras Abogado.
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Ramón Antonio Veras

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BARRER INSTITUCIONES Y PARTIDOS

Ante lo infuncional que están resultando aqui las instituciones y la ausencia de credibilidad que cada día más generan los partidos políticos del sistema, distintas posiciones y criterios se han externado y mantenido. Algunos dominicanos y dominicanas consideran que las instituciones actuales deben ser conservadas como hasta ahora, otros plantean que los órganos estatales tienen que ser reformados para que sigan vigentes. También hay ciudadanos y ciudadanas que creemos que las instituciones que conforman el Estado dominicano y las cúpulas de los partidos del sistema tienen que ser eliminadas porque ya cumplieron su función, se hicieron añejas y constituyen una traba para el progreso social e institucional de la sociedad dominicana. Si queremos que el país salga del estado desorden y miseria en que se encuentra en estos momentos se impone barrer con las lacras que impiden el desarrollo en todos los órdenes.

Las instituciones estatales surgen como consecuencia de los procesos electorales y la participación en ellos de los partidos políticos. Por tanto, se impone cambiar las formas como se organizan las elecciones, las condiciones bajo las cuales los partidos políticos inciden, así como los méritos que deben rodear a las personas presentadas como candidatos. El engaño, la trampa, la mentira, en sí, la estafa política no puede ser legalizada ni aceptada como recurso de campaña electoral, lo mismo que no se puede permitir que el Estado financie la campaña de los partidos. De igual manera, los recursos económicos de que disponen las organizaciones políticas para ser invertidos en las elecciones tienen que ser controlados por una Junta Central Electoral legal, legítima y confiable.

La delincuencia política domina la vida política del país porque ella decide la forma de cómo se organizan las elecciones y funcionan los partidos, lo que ha hecho posible que hombres y mujeres vinculados con el hampa, el narcotráfico y toda clase de actos ilícitos se destaquen en el quehacer político. Muchos de los que resultan elegidos como síndicos, regidores, diputados y senadores deben sus cargos a la facilidad que dan las leyes para que todo hombre o mujer que quiera ir a los ayuntamientos o al Congreso lo logre aunque tenga diez o veinte fichas policiales por crímenes y delitos de diferentes calificaciones y facturas. En lo que se refiere a las inconductas de los aspirantes a cargos electivos aquí se está aplicando el criterio de entre peor mejor o lo que es lo mismo, mientras más depravado es aquel que se presenta como candidato a síndico, diputado o senador, mucho mejor será para los fines politiqueros.

En nuestro país las instituciones del Estado resultan infuncionales porque están integradas por personas que llegan a ellas porque han sido señaladas por las cúpulas de los partidos tradicionales. La ausencia de confianza por parte del pueblo en la Junta Central Electoral, la Cámara de Diputados, el Senado, la Liga Municipal, los ayuntamientos y la Cámara de Cuentas, le viene porque las decisiones que de ellas emanan están contaminadas, resultan infectadas por la incidencia de los que están en las cúpulas de los partidos que son, en sí, los que manejan a aquellos que van a los cargos electivos. Basta con examinar las resoluciones, leyes y otros actos que tengan su origen en una institución estatal para que se compruebe que la limpieza, la decencia y honradez están ausentes. Lo que prima es la politiquería, las malas artes, la baja ley y la voluntad del hampa política.

Cada vez son más y más notorias y bochornosas las acciones que ejecutan aquellos que están en los organismos en los cuales los electores y electoras han depositado su confianza. En ningún cuerpo del Estado dominicano está el sello de decencia que se supone debe imperar en los óranos llamados a estar revestidos de credibilidad por la conducta exhibida por los que han ido a ellas a dar ejemplo de dignidad, decoro, limpieza y ejemplar proceder. Se justifica la actitud de desconfianza de lo mejor del pueblo dominicano por la decepción que produce el comportamiento de los que, en lugar de interpretar la voluntad de los que van a las urnas, lo que hacen es constituirse en fieles continuadores de los intereses de la minoría nacional y de cuantos grupos mafiosos inciden en la política nacional por medio de la mercancía dinero ilegítimo.

Los demócratas ingenuos que todavía creen en las cúpulas de los partidos tradicionales, en la forma como están organizados actualmente los procesos electorales y en las instituciones - Senado, Cámara de Diputados, ayuntamientos, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas - se deben convencer que van a seguir siendo víctimas de las maquinaciones de los politiqueros que tienen la dirección de las organizaciones políticas partidistas, que también tienen el dominio de los órganos del Estado.

Nada bueno se puede esperar de aquellos hombres y mujeres que tienen un criterio comercial de la política y consideran que robar desde el seno del Estado es algo normal que forma parte de la cultura política propia de la politiquería, guía de los que en el accionar político no han hecho otra cosa que sustraer fondos públicos y operaciones dolosas desde el interior de las distintas instituciones en las cuales han participado como funcionarios, síndicos, regidores, diputados o senadores. Por tal razón se impone que el pueblo decida barrer, por infuncionales e inservibles, con las actuales instituciones y las cúpulas de los partidos del sistema.



27 de Enero, 2010
07:39 PM

"Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo"